El Ministerio Público Federal hizo detenciones ilegales y arbitrarias de al menos siete testigos de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre ellos Agustín García Reyes, revela un documento técnico jurídico de la Procuraduría General de la República (PGR), que forma parte de la indagatoria.

El expediente de investigación de la Visitaduría General de la PGR, órgano de control interno que vigila que las pesquisas se conduzcan con apego a la ley, muestra que hubo violaciones a los protocolos y el hecho de que a través de las declaraciones se haya dirigido la indagatoria a la quema de cuerpos en el paraje del río San Juan, son elementos que podrían poner en riesgo la solidez del caso.

En el documento también se registran actuaciones irregulares de la agente del ministerio público Alicia Bernal, quien de acuerdo con las retenciones en que participó, habría estado en dos lugares al mismo tiempo validando actuaciones.

Ante esos hechos, se consideró que la agente pudo cometer delitos contra la administración de la justicia. Se señala que su conducta junto con la de otros funcionarios debió dar pie a los procedimientos previstos en la ley.