Las sospechas de espionaje del Gobierno de México a familiares y abogados del caso Ayotzinapa se extendieron hasta los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso, según relevaron sus comisionados durante su 163 período de sesiones, concluido hoy en Lima.
La CIDH pidió hoy al Estado mexicano que le informe de la fórmula que adoptará para investigar las denuncias de espionaje hechas por los parientes de los 43 estudiantes desaparecidos y las sospechas manifestadas por los miembros que formaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión.
Durante la sesión del mecanismo especializado del caso Ayotzinapa, el comisionado James Cavallaro leyó una carta de integrantes del GIEI donde advierten que recibieron mensajes en sus teléfonos móviles similares a los recibidos por los familiares y abogados de las víctimas para supuestamente espiar sus dispositivos.
Cavallaro indicó que “es un tema muy serio porque levanta la sospecha de una posible implicación de agentes del Estado mexicano en este asunto”, ya que el software infeccioso era únicamente utilizado por el Gobierno.
Previamente, el representante de las víctimas había denunciado que los abogados y los familiares fueron “víctimas del software malware Pegasus, adquirido por el Gobierno federal, con el que se intentó infectar celulares para extraer ilegalmente información, según el estudio canadiense The Citizen Lab”.
La CIDH también celebró el jueves una audiencia a puerta cerrada entre el Gobierno y la Asamblea Nacional (parlamento) de Venezuela a la que no pudo asistir el presidente de ese Poder Legislativo, Julio Borges, por los violentos sucesos ocurridos en la víspera en Caracas.
El presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, comentó que el consultor jurídico de la Asamblea Nacional, Jesús María Casal, hizo un “recuento de las violaciones de derechos humanos y tensión entre los poderes del Estado”.
Valoró que este tipo de audiencias permiten un debate de ideas y eventualmente un acercamiento de posturas.
“La CIDH necesita y desea escuchar las posturas de ambas partes. Es un problema sensible y un tema de derechos humanos y violencia”, agregó Eguiguren.
La CIDH explicó en un comunicado que también recibió “información muy preocupante” sobre el impacto de la crisis política y económica de Venezuela en los niños de ese país, los asesinatos de mujeres por razones de género en Argentina y el impacto de las industrias extractivas en la identidad cultural de los pueblos indígenas de Ecuador.
La Comisión recibió igualmente información sobre el derecho a la vivienda en América y la situación sobre la libertad de expresión en Venezuela y en Colombia, además de continuar su seguimiento a la Justicia Especial para la Paz en Colombia.
En total fueron dieciséis audiencias sobre situación de derechos humanos en Argentina, Colombia, Ecuador, México y Venezuela, además de dos audiencias de carácter regional.
Asimismo, la CIDH seleccionó a la abogada hispano-argentina Soledad García Muñoz para que sea la primera persona en ocupar el cargo de relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), quien asumirá el cargo el 15 de agosto por un período de tres años, renovables por una vez.
García Muñoz explicó que trabajará para “integrar las labores de esta nueva relatoría al de las demás áreas temáticas de la Comisión y promover un amplio diálogo”.
La CIDH tiene previsto celebrar otros dos períodos de sesiones este año, que serán en México del 4 al 8 de septiembre, y en Uruguay, del 23 de octubre al 1 de noviembre.
