La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró su petición al gobernador de Texas, Greg Abbott, y a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de ese estado, para que se conmute la pena capital decretada contra el mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, programada para el 8 de noviembre, por otra sentencia de prisión.

En ocasión del Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se celebra este 10 de octubre, solicitó a las autoridades texanas tener presentes los preceptos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Además, la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, los cuales reconocen el derecho a la vida y que nadie será sometido a torturas, ni penas crueles, inhumanas o degradantes.

“La CNDH no se opone a la imposición de penas, sino se pronuncia porque dichas acciones se realicen dentro del Sistema Internacional de Derechos Humanos, al cual nuestro sistema jurídico se acoge”, expresó en un comunicado.

Para el organismo nacional, el derecho a la vida representa el bien supremo del ser humano, por lo cual afirma categóricamente que la pena de muerte es una medida que no garantiza la impartición de justicia.

En tal sentido, refrendó su compromiso de continuar con los esfuerzos que protejan los derechos fundamentales de los mexicanos en el extranjero.

De acuerdo con Amnistía Internacional, 140 países miembros de Naciones Unidas son abolicionistas de esa pena, de los cuales 98 la han anulado totalmente, como nuestro país; siete sólo para delitos comunes y 35 sólo en la práctica, ya que no la ejecutan, no la practican y no la imponen, pero no la han abrogado.