Investigadores y consultores propusieron una reforma integral en lo que se refiere al dinero que se usa para los partidos políticos y sobre todo para las campañas, a partir del criterio de “base cero” que disminuya sustancialmente los riesgos de financiamiento irregular.

Advirtieron que alrededor de las campañas electorales circulan recursos económicos que pueden superar en diez veces el tope de gastos de campaña establecidos por la autoridad electoral.

María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y Luis Carlos Ugalde, expresidente del otrora Instituto Federal Electoral (IFE) y hoy director de Integralia Consultores, señalaron lo anterior en conferencia de prensa al presentar el reporte Dinero bajo la mesa: financiamiento y gasto ilegal de campañas políticas.

María Amparo Casar explicó que el exceso de dinero, tanto público como privado, que fluye para las campañas electorales, busca no sólo ganar las elecciones, sino “comprar” beneficios futuros.

Entre ellos, expuso, destacan el acceso a contrataciones de obras públicas, la obtención de permisos especiales, la compra de impunidad y el acceso a regulación favorable para “hacer negocios” con los gobiernos y entre particulares.

El estudio fue coordinado por María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, con apoyo de investigación de Ximena Mata Zenteno y Leonardo Núñez González, incluyendo investigación documental y hemorográfica, así como 60 entrevistas.

Entre ellas se realizaron entrevistas a gobernadores, candidatos, operadores políticos, estrategas de campaña, asesores, empresarios, funcionarios públicos, encuestadores, empresarios de medios de comunicación y periodistas.

En su oportunidad Luis Carlos Ugalde coincidió en que el sistema de financiamiento a partidos y campañas electorales que se aprobó en 1996 ha quedado rebasado, porque no cumplió su objetivo de combatir la influencia del dinero ilegal en las campañas.

Entre los hallazgos del estudio están que por cada peso de gasto ejercido en una campaña para gobernador se moverían 15 pesos que nunca se reportan y cuyo origen se desconoce.

En ese sentido, se calcula que las campañas para gobernador generan un gasto promedio diez veces superior al tope legalmente establecido. Las principales fuentes de financiamiento ilegal son el desvío de recursos públicos y recursos privados.

El dinero a campañas se entregaría en efectivo o en especie, ya sea directamente al candidato o partido o mediante terceros usando esquemas de triangulación.

El principal destino del dinero ilegal en campañas sería el clientelismo electoral: compra, movilización e inhibición del voto, así como el pago de estrategas de campaña.