El
Pleno de la LXIV Legislatura aprobó el Dictamen de decreto que reforma la Ley para la Integración de las Personas con
Discapacidad del Estado que garantiza el acceso al empleo de las personas con
discapacidad al servicio público estatal y así abonar a brindarles
oportunidades de un trabajo.
En la séptima sesión, las diputadas y diputados
aprobaron con 37 votos a favor este Decreto que obliga a los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, así como los Organismos constitucionales autónomos y
los ayuntamientos, destinar por lo menos el tres por ciento de las vacantes
disponibles, para emplear o contratar a personas con discapacidad, siempre que
cumplan con los requisitos de ingreso y
cuenten con las aptitudes para el desempeño de las funciones correspondientes.
Por cuanto hace al Sector Privado, la Secretaría del
Trabajo Previsión Social y Productividad del Estado (STPSP), supervisará y de
ser procedente reconocerá y certificará a las empresas que cumplan con la
contratación de las personas con discapacidad, en el porcentaje señalado
anteriormente.
Esta modificación incluye las multas por
incumplimiento que irían de los 100 y hasta mil Unidades de Medida y
Actualización (UMA).
La STPSP se abstendrá de sancionar al infractor, por
una sola vez, en caso de que se trate de la primera infracción en que incurra.
Son causas de clausura temporal del establecimiento,
además de las señaladas en las disposiciones jurídicas aplicables, la
reincidencia en cualquiera de las conductas previstas.
Las autoridades competentes para la determinación e
imposición de sanciones de carácter administrativo tomará en cuenta la
reincidencia, las causas que la originaron y, en su caso, las acciones correctivas aplicadas
por el presunto infractor.
Se considerará reincidente al que haya incurrido en
una infracción que hubiere sido sancionada y, además de aquella, cometa la
misma infracción, dentro de los dos años inmediatos siguientes a la fecha en
que haya quedado firme la resolución respectiva.
Este Decreto es resultado de la iniciativa que
presentó el 19 de enero de 2017 la diputada María Josefina Gamboa Torales.
