La exlideresa magisterial, Elba Esther Gordillo Morales,
comenzó los trámites para limpiar su expediente judicial y
eliminar los antecedentes penales que se generaron luego de su
ingreso al sistema penitenciario derivado de su detención
ocurrida en 2013, tales como su ficha signalética.

Fuentes federales confirmaron que Gordillo Morales ha
solicitado a las autoridades la liberación de sus cuentas
bancarias en cumplimiento al sobreseimiento decretado por el
titular del Primer Tribunal Unitario en materia Penal en la
Ciudad de México, con el que recuperó su libertad.

De este modo, la ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) pretende limpiar su imagen y dejar claro que, como su defensa argumentó durante los
cinco años que pasó encerrada, es inocente.

La ficha signalética que la maestra busca eliminar de los archivos gubernamentales, comenzó
a circular en redes sociales a los dos días de su detención, ocurrida el 26 de febrero de 2013.
La imagen del documento no es nítida pero se aprecian las fotos de Gordillo Morales en los
tres perfiles que se incluyen en el formato que maneja la Subsecretaría del Sistema
Penitenciario, mismas que fueron tomadas a su ingreso en las instalaciones del penal de Santa
Martha Acatitla.

El documento incluye su fecha de nacimiento: 6 de febrero de 1945; la religión que profesa:
católica; haber cursado licenciatura; que en aquel entonces era soltera; su edad: 68 años, y que
es originaria de Comitán, Chiapas.

La filtración del documento derivó en la detención y posterior condena de cuatro años de
prisión de Samantha Olivares Vázquez, técnica penitenciaria de Santa Martha Acatitla, responsable de elaborar la ficha.

La resolución le fue notificada el martes 7 de agosto a las 23:30 horas y en ella el magistrado
del Primer Tribunal Unitario determinó que en al menos 10 interrogatorios realizados por la
defensa de Gordillo Morales se pudo acreditar que los depósitos y gastos realizados por la
maestra fueron legales y autorizados por los máximos órganos revisores y decisorios del
SNTE.
En el expediente también obran todas las actas del SNTE con las que se acreditó la aprobación
de las partidas financieras erogadas por ser ésta una práctica común y legal al interior del
sindicato magisterial.

“Como con acierto sostuvo la defensa de la aquí recurrente se desprenden los recursos que en
la causa penal que se tildaron de ilícitos no lo son, a virtud de que los mismos fueron ejercidos
de acuerdo con los lineamientos y disposiciones del estatuto del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, gremio que a través de sus órganos revisores y decisorios avaló
esos egresos”, indica la sentencia.

Con esto, el magistrado declaró que los recursos y gastos que conformaban la parte toral de la
acusación de la PGR no tienen un origen ilegal, razón por la que Elba Esther Gordillo no
cometió los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Esa sentencia absolutoria tiene carácter de cosa juzgada, es decir, que la PGR no cuenta con
ningún recurso para impugnarla y la inocencia de Gordillo Morales sobre la imputación
formulada por la dependencia en febrero de 2013 es definitiva.

La acusación indicaba que de 2009 a 2012, el SNTE transfirió mil 978 millones 393 mil 241
pesos a Isaías Gallardo Chávez, José Manuel Díaz Flores y Nora Guadalupe Ugarte Ramírez,
para que a su vez realizaran diversos pagos para beneficiar a Gordillo Morales y su familia.
Las personas referidas también fueron detenidas y acusadas por delincuencia organizada y
lavado de dinero junto con Gordillo.