A las 00:01 horas de este 1 de diciembre rindió la
protesta de ley, ante el Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura, el
ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, como gobernador Constitucional del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave; lo anterior, de conformidad con el artículo
45 de la Constitución Política del Estado y para el periodo comprendido del 1
de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2024.
Tras dar inicio a la sesión solemne, el presidente
de la Mesa Directiva, diputado José Manuel Pozos Castro, comisionó a los
diputados Juan Javier Gómez Cazarín, Sergio Hernández Hernández, Gonzalo Guízar
Valladares, Brianda Kristel Hernández Topete, Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe
Yunes Yunes, para acompañar al interior del Recinto Oficial de Sesiones, al Ejecutivo
estatal.
Las diputadas Cristina Alarcón Gutiérrez, Florencia
Martínez Rivera e Ivonne Trujillo Ortiz y los legisladores Juan Manuel de
Unánue Abascal, y Juan Carlos Molina Palacios, hicieron lo propio con el
presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Magistrado Edel
Humberto Álvarez Peña. Posteriormente, el diputado Pozos Castro reanudó la
sesión y se realizaron los honores a la bandera.
Acto seguido, el ingeniero García Jiménez, ante el
Pleno de la LXV Legislatura, rindió la protesta de ley en los términos
siguientes:
«Protesto guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las leyes
que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador
que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la
Nación y del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y si así no lo hiciere,
que la Nación y el Estado me lo demanden”.
Ante la presencia de senadores, diputados federales,
presidentes municipales, Colectivos de Desaparecidos y organizaciones de la
sociedad civil, dirigió un mensaje desde la tribuna del Congreso del Estado,
donde hizo pública la Declaratoria de
Crisis en Materia de Derechos Humanos por Desaparición de Personas con lo que
se establecerá un programa emergente de ayuda, atención, asistencia,
protección, acceso a la justicia y la verdad, así como la reparación del daño,
por violaciones de derechos humanos en materia de desaparición de personas.
El mandatario estatal entregó una copia de esta
Declaratoria al presidente del Congreso del Estado, diputado José Manuel Pozos
Castro e informó que, de igual manera, entregará una copia al próximo
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Añadió que las administraciones gubernamentales de
Veracruz anteriores no cumplieron con su función, por lo que ahora no solo
manifiestan tener esa problemática, “nuestro Gobierno acepta y reconoce que a
las víctimas no se les ha hecho justicia, por lo que se les brindará acceso a la justicia, a la verdad, a la
reparación del daño y en ese contexto, localizar a todas las personas
desaparecidas”. Este programa tendrá, como acciones más relevantes,
la creación del Centro o Instituto Forense, para atender la magnitud de la
crisis y así procesar los hallazgos con la finalidad de darles identidad a las
personas que no han sido identificadas. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
contará con una policía especializada que acompañará la búsqueda y la Dirección
General de Desarrollo Político será convertida en una Dirección de Cultura de
Paz y Derechos Humanos que deberá elaborar un diagnostico real sobre la
situación de desapariciones en Veracruz.
En otro sentido, extendió la invitación a los
poderes Legislativo y Judicial para que aporten, con lo que esté a su alcance y
en estricto respeto a la división de poderes, a trabajar en la unidad para el
tránsito hacia el Veracruz que el pueblo pide. Anunció
que solicitará a esta Soberanía una petición para la disminución real del
salario de altos funcionarios de su Gobierno. En una percepción de 23, 13, 9 y
7 por ciento, respectivamente, desde el titular del Ejecutivo, los funcionarios
de su Gabinete hasta directores de área. Además
–señaló- se eliminará el pago de telefonía celular, seguros de gastos médicos
mayores, contratación de seguridad, rentas de casas, compra de vehículos para
uso personal, “así como otras prebendas indebidas a costa
del erario, se acabaron los privilegios para la clase gobernante”, abundó.
