El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones
Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados, realizó el foro “El Congreso
de la Unión en el concierto internacional”, para analizar con especialistas y
docentes los compromisos del Legislativo en el contexto mundial.

El encargado de la dirección general del CEDIP, Juan Carlos
Cervantes Gómez, consideró importante las aportaciones de maestros y
estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sobre las
problemáticas que se derivan del contexto internacional, porque “los problemas
de México también son de los universitarios”.

Consideró que el Poder Legislativo requiere de mayor
interacción y participación activa en la negociación de tratados
internacionales, lo que permitiría mejores productos normativos.

Destacó que el trabajo parlamentario del Congreso de la
Unión ha ayudado a denunciar delitos y presionar a las autoridades de
procuración de justicia a que tomen acciones, así como hacer diagnósticos para
saber si las leyes cumplen con su objetivo y, en su caso, modificarlas.

De la Facultad de Estudios Superiores-Aragón de la UNAM,
María Guadalupe Durán Alvarado señaló que la función de control que tiene el
Congreso de la Unión lo hace a través de sus dos cámaras y de manera interna y
con miras a verificar que el trabajo del Ejecutivo federal tenga sustento en la
legalidad.

Mencionó que los acuerdos comerciales del país han influido
en los cambios económicos de los últimos 30 años, desde la firma del Acuerdo
General de Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT) y el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) para la máxima integración económica, que
actualmente espera su ratificación como T-MEC, de cuyo éxito dependen 14
millones de empleos. “Hemos dado cumplimiento a peticiones de Estados Unidos en
materia laboral, y el Congreso de la Unión se puso a trabajar para cumplir con
esa exigencia para la ratificación”.

Expresó que México tiene 11 acuerdos comerciales que le
permiten comercializar con 46 países y acceder a un mercado de consumo de mil
500 millones de personas, que lo han posicionado como la cuarta potencia
económica en el Continente Americano, segunda en América Latina y en el sitio
15 a nivel mundial. “La agenda de política exterior es amplia; debe tocar temas
como migración, cooperación internacional, derechos humanos, régimen
multilateral de control de drogas, comercio, inversión y cambio climático,
entre otros”.

Isidro Mendoza García, especialista en justicia
constitucional y derechos humanos y docente de la Facultad de Estudios
Superiores-Aragón de la UNAM, sostuvo que entre mejores sean las adecuaciones
legislativas del Congreso habrá mayor armonía jurídica entre el sistema
normativo mexicano y el ámbito internacional en materia de derechos humanos.

Cuestionó que se haya dejado fuera a la Cámara de Diputados
en la ratificación de tratados internacionales en derechos humanos, cuando
tienen implicaciones para los gobernados. Los retos del Congreso de la Unión en
el plano mundial, añadió, radican en dar cumplimiento a las resoluciones, entre
ellas, la emitida por países europeos sobre el caso Ayotzinapa.

Se manifestó para que el Congreso, e incluso la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, tengan el control previo de convencionalidad o
constitucionalidad para que antes de que empiece un tratado internacional en
materia de derechos humanos, el Estado faculte a las cámaras del Congreso un
instrumento que permita armonizarlo previamente con la Constitución Política y
prevenir la responsabilidad que tiene a la postre por violación de garantías
del Estado mexicano.

El académico de la Facultad de Estudios Superiores-Aragón de
la UNAM, Antonio Reyes Cortés, puntualizó que no es suficiente un sólo órgano
administrativo como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para cuidar el
cumplimiento de las garantías individuales, pues existen 210 tratados mundiales
en esta materia.

Precisó que los únicos violadores de derechos humanos son
las autoridades y quienes ejercen el poder, “no los particulares, porque
nosotros cometemos delitos”. Además, hizo votos para crear los mecanismos
jurídicos que permitan llegar a una mejor sociedad y ciudadanía.

Se pronunció para que en la educación media superior se
contemple -de manera obligatoria- una materia en derechos humanos, pues es el
nivel donde los próximos ciudadanos se preparan. “Ése es uno de los mayores
retos que tiene el Congreso de la Unión en la política actual e incluso no se
prevé este tema en la licenciatura de derecho”.