La reforma establece que los servidores públicos realizan una
actividad que da libertad a todos los demás ciudadanos, por lo
que durante el desempeño de sus funciones son propensos a
recibir todo tipo de lesiones que vulneran su actuar, “cuando
también son ciudadanos y por tanto son sujetos de derechos,
por consiguiente cuando un civil los agrede se convierte en un
delito aún más grave, por el contra quién se comete, el cual
debe ser investigado y sancionado severamente”.

La reforma tipifica en el Código Penal Federal al que cometa un
delito en contra de un servidor público encargado de la
prevención y persecución del delito y procuración de justicia en
el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de
ello, se les aumente la pena de prisión.

Subraya que por la labor que desempeñan y por las agresiones
que constantemente se cometen contra de los policías de
tránsito, “ponen en peligro su vida e integridad física”.