En Periodo
Extraordinario, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular,
el dictamen a la minuta que reforma los artículos 3º, 31 y 73 de la
Constitución Política, en materia educativa, devuelta por el Senado de la
República y modificada por las comisiones unidas de Educación y de Puntos
Constitucionales, previa a su presentación en el Pleno.

El
documento fue avalado en lo general por 396 votos a favor, 68 en contra y una
abstención. En lo particular, los artículos reservados en términos del
dictamen, y las modificaciones aceptadas por la asamblea al artículo Décimo
Quinto Transitorio, fueron avalados por 389 votos en pro, 60 en contra y dos
abstenciones. Se devolvió a la Cámara de Senadores para sus efectos
constitucionales.

Al inicio
de la sesión del Pleno, la vicepresidenta de la Mesa Directiva, diputada
Dolores Padierna Luna (Morena), precisó que como lo establece el primer
supuesto de la fracción E del artículo 72 constitucional, la discusión versaría
únicamente sobre lo desechado por el Senado, sin poder alterarse en manera
alguna los artículos aprobados por ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Los
artículos a discusión fueron: 3º, párrafos primero, segundo, tercero, cuarto,
quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo, decimoprimero y decimosegundo. De la
fracción II, el inciso c); inciso e), primer y segundo párrafos, e inciso f).
Las fracciones V, VIII, IX y X.

Del
artículo 31, fracción I, y del artículo 73, fracción XXV, así como los
transitorios segundo, cuarto, noveno (primer párrafo), decimoprimero,
decimocuarto, decimoquinto y decimosexto.

Para lo
particular, la diputada Padierna Luna precisó que se recibieron 30 propuestas
de 20 oradoras y oradores.

En la
fundamentación, la diputada Adela Piña Bernal (Morena), presidenta de la
Comisión de Educación, expresó que en un ánimo de seguir construyendo consensos
y reiterando la disposición de esta Cámara de escuchar a todas las voces, se
estimó oportuno considerar algunas de las propuestas planteadas por las y los
senadores, en razón de lo siguiente:

En el
párrafo décimo del artículo 3º se establece que los materiales, infraestructura
y de los planteles educativos serán idóneos para contribuir a los fines de la
educación.

En el
párrafo decimoprimero, a pesar de ya estar contempladas las ciencias y las
humanidades, se enfatiza la importancia de las matemáticas y la lectoescritura
en planes y programas de estudio. Además, se mejora la redacción, al referir
correctamente la educación sexual y reproductiva.

En el
Décimo Primero Transitorio se agrega la obligación para que el Ejecutivo
federal, en un plazo no mayor de 180 días, contados a partir de la entrada en
vigor de las disposiciones, defina una estrategia nacional de mejora de las
escuelas normales para su fortalecimiento.

Además, en
el Décimo Cuarto Transitorio se amplía un párrafo para precisar que esta Cámara
aprobará en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos necesarios
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción V del artículo 3º, respecto
a la ciencia, tecnología y la innovación.

En el
Décimo Quinto Transitorio se realizan ajustes a la redacción para establecer
con mayor claridad el financiamiento de la educación superior, a efecto de
cumplir cabalmente con su obligatoriedad.

Y
finalmente, dijo, en el Décimo Sexto Transitorio se precisa que prevalecerá la
rectoría del Estado acorde con el párrafo segundo del artículo 3º.

Peña Bernal
expresó que en lo relativo a las demás propuestas de los senadores y senadoras,
“consideramos que no abona al espíritu de los acuerdos alcanzados con todos los
actores sociales involucrados en el proceso educativo y que aquí en esta
soberanía han sido siempre escuchados”.

Mencionó
que en lo relativo a las demás propuestas de las y los senadores, las
comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales, “consideramos que no
abona al espíritu de los acuerdos alcanzados con todos los actores sociales
involucrados en el proceso educativo y aquí en esta soberanía han sido siempre
escuchados”.

La diputada
explicó que esta reforma abroga la Ley de Servicio Profesional Docente, que es
la originaria de los mayores agravios al magisterio y en la que se funda todo
el proceso de las evaluaciones punitivas; elimina la Ley del Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación, institución que se encargó de perseguir a
los maestros y renunció a su autonomía constitucional para obedecer a intereses
contrarios a la educación.

Establece
que la educación es un derecho y no como un privilegio de unos cuantos, ya que
obliga al Estado a garantizarla en todos sus tipos y niveles, desde la inicial
hasta la superior.

Ratifica la
rectoría del Estado en la educación, es decir, garantiza el derecho a la
educación sin la influencia de organismos externos a ella, nacionales o
internacionales. “Se basará en el respeto irrestricto a los derechos humanos
con un enfoque de perspectiva de género y cultura de paz, tan necesarias para
combatir desde la escuela la violencia que azota a la nación”.

Puntualizó
que el Estado priorizará el interés superior de la niñez en el acceso,
participación y permanencia en los servicios educativos sin que esto signifique
menospreciar los derechos laborales del magisterio. La reforma distingue a las
y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y reconoce su
contribución al cambio social. “Nunca más una campaña de acoso y de denostación
al magisterio”.

También, a
las y los maestros, se les reconoce el derecho a acceder a un sistema de
formación, capacitación y actualización realimentado por evaluaciones
diagnósticas, formativas e integrales. El ingreso, la promoción y el
reconocimiento estarán asociados con los conocimientos, aptitudes y
experiencia. Nunca más exámenes estandarizados.

Se
fortalecerá a las normales para que sean el centro de la política de formación
de profesores para la educación básica. Se acabaron los tiempos de abandono y
de desprecio a estas instituciones. Se fortalecerá la educación indígena,
plurilingüe e intercultural y se establecerán medidas alimentarias en las
escuelas de rezago social. Además, la educación buscará el desarrollo de la
ciencia, la tecnología y la innovación, así como el cuidado de la naturaleza.
Hay muchas cosas que pudiéramos decir del dictamen que aprobamos aquel día.

En los
posicionamientos, la diputada Flora Tania Cruz Santos (Morena) señaló que se
está “en un momento histórico de nuestra nación” y esta reforma representa un
cambio de fondo para integrar un mejor sistema educativo nacional al servicio
de las y los mexicanos. “Un sistema educativo nacional que tenga como eje la
excelencia, que apunte al desarrollo y haga posible la justicia social”.

Dijo que se
tiene como meta la mejora continua de la enseñanza, con evaluaciones
diagnósticas que no vulneren los derechos de las y los maestros. “Nunca más una
evaluación punitiva. Es una propuesta que afirma y confirma la rectoría del
Estado en la educación y centra su interés en la formación de las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes. Una reforma integral cuyos objetivos son la mejora
continua con un enfoque en derechos humanos, igualdad sustantiva, respeto a las
libertades, dignidad de las personas, cultura de la paz y la honestidad”.

Por el PAN,
el diputado Felipe Fernando Macías Olvera consideró que no se puede aprobar
artículos “mañosos, dolosos, que abren la puerta a la corrupción y que abren la
puerta a la compra y venta de plazas magisteriales”.

Precisó que
en el artículo 16 transitorio “queda claro que se abren las puertas a la
corrupción, al regreso a la compra y venta de plazas, a que un grupo de líderes
sindicales decida quién es maestro y quién no, y la nómina magisterial”.
Enfatizó que aprobar esta reforma “es una verdadera traición al futuro de
nuestro país”. Enfatizó que su grupo parlamentario se opone a esta reforma que
empodera a unos cuantos y abre la puerta a la corrupción y a la mediocridad.

Ana Lilia
Herrera Anzaldo, diputada del PRI, señaló que su grupo parlamentario defendió
lo alcanzado en la reforma de 2013 y se logró mantener la evaluación para la
admisión, la promoción y el reconocimiento del personal que ejerce la función
docente, directiva o de supervisión. Asimismo, dijo, los procesos de selección
a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en
la ley secundaria deberán ser públicos, transparentes, equitativos e
imparciales.

Resaltó que
otra aportación de su bancada fue fortalecer a las instituciones públicas de
formación docente, en particular las escuelas normales, obligando a este Poder
a que en las leyes secundarias se establezcan criterios para su desarrollo
institucional, regional, para la actualización de sus planes y programas de
estudios, para la superación académica y construir y constatar la mejora
educativa. Sin embargo, lamentó que no se tenga un presupuesto claro ni un
rumbo económico financiero.

La diputada
Claudia Báez Ruiz (PES) sostuvo que es una reforma de gran calado que traerá
grandes beneficios a las niñas, niños, jóvenes, y que reconoce la importante
función que los maestros tienen en el Sistema Educativo Nacional. Señaló que se
reitera que recibir educación en todos los niveles es un derecho universal de
las y los ciudadanos, y por ello el Estado tiene la obligación de asegurar que
este derecho se haga efectivo.

Resaltó que
“esta verdadera reforma educativa” permitirá un mayor acceso de jóvenes a la
educación superior. Destacó que con esta modificación se brinda un
reconocimiento a las escuelas normativas en México y se establece que el Estado
las fortalecerá en los términos que disponga la ley secundaria.

El diputado
Alfredo Femat Bañuelos (PT) expresó que su partido ha sido un impulsor y
defensor de la educación pública, laica y gratuita, y en donde el proceso de
enseñanza-aprendizaje enraice en los estudiantes el sentido crítico-científico,
de solidaridad y transformación en beneficio del país, y denunció que las
reformas al artículo 3º de los gobiernos anteriores únicamente sirvieron para
incrustar en el modelo educativo el paradigma neoliberal.

Se congratuló
de que se incluya a la educación inicial en la básica y, por lo tanto, se
establezca su prestación de manera obligatoria para el Estado mexicano.
“Debemos estar conscientes que invertir adecuadamente en la formación de las y
los niños es lo mejor que podemos hacer en México. Sin una verdadera educación
científica y laica seguiremos arrastrando sinergias del pasado. Las y los
menores no pueden esperar a recibir una mejor enseñanza”.

De MC, el
diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla puntualizó que hoy se culmina un
esfuerzo que dota al país de la educación que merecen las y los mexicanos. El
dictamen, indicó, incorpora el derecho a la enseñanza inicial y superior, así
como la obligación del Estado de garantizarlas; agrega el principio de rectoría
del Estado y el carácter universal e inclusivo; establece un enfoque de
derechos humanos, igualdad sustantiva y respeto irrestricto de la dignidad de
las personas, y prioriza el interés superior de niñas, niños, adolescentes y
jóvenes.

También,
revalora la función de las y los maestros como agentes del proceso educativo y
reconoce su contribución a la transformación social; establece el sistema de
carrera de las y los docentes, y destaca que el otorgamiento de plazas
académicas será a través de procesos de selección, públicos, transparentes,
equitativos e imparciales y no por concesiones sindicales. Sin embargo, dijo,
no es suficiente el impacto presupuestal entregado por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. “No se hicieron los cálculos de forma integral de
lo que estos nuevos derechos implicarán al presupuesto”.

La diputada
del PRD, Abril Alcalá Padilla expuso que este documento es fruto del parlamento
abierto, donde la oposición tuvo una tarea fundamental. “Hay que sentirnos
orgullosos, porque es nuestra y no del Presidente de la Republica, ya que
incluimos la educación inicial y superior como obligatoria para el Estado, el
enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva, la pluriculturalidad, el
derecho de las personas a los beneficios de la ciencia y la tecnología, hábitos
saludables, y defiende la rectoría del Estado por encima de cualquier interés
clientelar”.

Sostuvo que
la educación hoy queda en manos del Estado y del Ejecutivo federal. “Le hacemos
un llamado, si en estos textos hemos intentado defender estos servicios de
vicios de décadas y de un sindicalismo mal entendido, hoy la pelota está en su
cancha; si la corrupción persiste y si se sigue utilizando a los docentes como
carnada electoral, recaerá sobre sus espaldas. Qué más quisiéramos que con este
texto se resolvieran todos los males de la educación, pero quedan las leyes
reglamentarias. Apostamos a una enseñanza para la vida que hoy se ve reflejada
en este documento”.

Marco
Antonio Gómez Alcantar, diputado del PVEM, expresó que independientemente de la
posición ideológica de cada quien, existe consenso en que la educación es una
herramienta indispensable para acotar la brecha de desigualdad que por décadas
ha colocado a la sociedad en un profundo rezago. “La enseñanza debe servir para
promover, entre otras cosas, justicia, equidad, desarrollo y crecimiento
económico, así como la formación de ciudadanos comprometidos con el cambio y
con la transformación de México”.

Agregó que
la educación requiere ser de calidad. “Tenemos la convicción de que sólo se
logrará esto a través de mejores escuelas, maestros y contenidos educativos.
Buscamos que el sistema esté sustentado en una pedagogía renovada y
transformadora, que contemple el magisterio como pieza clave en la tarea de
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. La educación no puede ser una
bandera política en particular, sino un esfuerzo de Estado para que vuelva a
ser un factor de transformación y movilidad social para todos”.

En la
discusión en lo general, la diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena),
presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó su voto a favor
porque se reconoce la educación como pilar para erradicar la desigualdad y proporcionar
herramientas que eviten la marginación, fuente primaria de la violencia. “Es
una oportunidad histórica de cambiar el destino de niñas, niños y
adolescentes”.

Indicó que
la reforma está a la altura de los ideales de movimientos estudiantiles, indígenas,
magisteriales y sindicales que entienden la mejora educativa como instrumento
para la transformación social, económica, cultural, científica y tecnológica;
contiene un diseño educativo progresivo, de excelencia, incluyente y
democrático; prioriza el interés de la niñez y adolescencia, reconoce la
educación como derecho universal de este sector de la población y respeta
derechos laborales de docentes.

“No segrega
ni estigmatiza discapacidades, ni discrimina al sobresaliente, contempla
contexto social, la pluriculturalidad de los diversos grupos indígenas, así
como sus tradiciones”.

Del PAN, el
diputado Ricardo Villarreal García dijo que el dictamen modifica el artículo 3°
constitucional y elimina lo referente a la evaluación magisterial. “A eso
renunciamos hoy. No concursarán en condiciones iguales para que ganen los
mejores. Acabaron con los méritos y volvieron a la corrupción”. Reiteró su
apoyo a las y los docentes “que luchan y hacen lo imposible por enseñar a las
niñas, niños, adolescentes, y que no ven la educación como botín”.

A su vez,
la diputada de MC, Martha Tagle Martínez manifestó que no se deben anteponer
temas políticos o de grupo al interés superior de niñas, niños, adolescentes y
jóvenes, que tendrán educación de excelencia, base de la transformación social.
Reconoció que la reforma es perfectible, pero contiene candados para cerrar la
puerta a la venta de plazas. Destacó que la legislación secundaria “debe ser
construida por consenso y sin chantajes”.

El diputado
Gerardo Fernández Noroña (PT) dijo que esta reforma contiene parte de la
anterior “que tiene que ver con los negocios desde la educación pública”,
permite que privados hagan esquemas y concesiones, incluyen materias que abren
la puerta a la Prueba PISA, que tiene que ver con la subordinación al Fondo
Monetario Internacional y al Banco Mundial. “No se debe aceptar”, enfatizó.

Del PT, el
diputado José Luis Montalvo Luna señaló que se fortalece a las escuelas
normales, que están en total indefensión, no tienen partida presupuestal, para
mantenimiento ni sostenimiento; además prevé que sean estas escuelas las que
dotarán a los planteles educativos de los docentes que se necesiten.

El diputado
Ernesto Alfonso Robledo Leal (PAN) expresó que esta reforma no elimina la
evaluación, el servicio profesional docente y los términos neoliberales y
empresariales como la excelencia en educación. “Es la misma reforma educativa
que tanto pelean que van a derogar”, cuando también votaron por reducir recursos
del PEF a las escuelas normales, ¿cómo vienen a decir que va a haber dinero si
votaron su reducción para preparar más maestros?, cuestionó.

La diputada
Laura Erika Garza Gutiérrez (PES) dijo que la reforma marca la ruta para
construir una educación sólida e innovadora. Además, refuerza a escuelas
normales, lo que significa un reconocimiento a la formación de docentes de
nivel básico. También se robustece la enseñanza para comunidades indígenas.
“Por eso estamos a favor del dictamen, pero sobre todo de las niñas, niños y
jóvenes del país”.

Isabel
Guerra Villarreal, diputada del PAN, se pronunció en contra del documento
porque, dijo, vulnera la legalidad, la transparencia y el Estado de derecho.
“Hay legisladores sometidos al magisterio y vivimos un retroceso democrático,
porque se permitirá que los sindicatos controlen la educación, pues se les
otorga el 50 por ciento de plazas docentes”.

Del PVEM,
el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez afirmó que la educación es la forma
más efectiva para acabar con la desigualdad; por ello, la importancia de
garantizar un marco jurídico sustentado en la legalidad. “La reforma anterior
no se apreció en su justa dimensión y fue secuestrada por el magisterio. Hoy,
pese a diferencias políticas, se establece que la educación sea de excelencia y
eso mejorará la calidad de vida de los mexicanos”.

La diputada
María Marcela Torres Peimbert (PAN) consideró que el dictamen tiene cuestiones
de fondo, como el pacto de ceder la rectoría de la educación como pago de apoyo
electoral. Asimismo, permite la filtración de sindicatos en el control de las
plazas y no que sean los mejores calificados quienes accedan a la docencia.

Martha
Hortensia Garay Cadena, diputada priista, comentó que la educación es un rubro
estratégico para el desarrollo del país, y resulta necesario garantizar a los
maestros la permanencia y mejora continua en sus condiciones laborales. “Los
profesores son pilares históricos de la formación y hay que tomarlo en cuenta,
asegurándoles mecanismos de actualización y programas de estudio que se
traduzcan en formación de calidad para las y los alumnos”.

La diputada
Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN) afirmó que se les debe una reforma educativa
a miles de estudiantes en el país, y “ésta era la oportunidad para corregir el
documento y evitar la repartición de plazas; sin embargo, no se siguió ese
procedimiento”.

La diputada
Mildred Ávila Vera (Morena) mencionó que la educación es una poderosa
herramienta de cambio, y gracias a esta reforma se incluye el principio de
igualdad y no discriminación en la enseñanza. También vemos con beneplácito la
interculturalidad y la inclusión, porque la formación debe ser para lograr una
convivencia social armónica.

Jorge Luis
Preciado Rodríguez (PAN) aseguró que se votó un dictamen sin conocerlo. “A
todos los profesionistas se les evalúa, pero parece que molesta que se
califique a quienes imparten clases a los estudiantes. Se va abajo una reforma
que podía permitir la evaluación de los docentes y que fueran los mejores
quienes estuvieran frente a un aula, pero, al contrario, se les da el poder a
los sindicatos de decidir quién se queda con los lugares”.

A favor del
dictamen, Antonio Ortega Martínez, diputado del PRD, dijo que la reforma
recupera aspectos de la reforma del 2013, y que su partido impulsó por la
justeza de los paradigmas que la animaban, además de que partía de un
diagnóstico claro y atendía las necesidades de la nación en materia educativa.

La diputada
Laura Angélica Rojas Hernández (PAN) dijo que el dictamen abre una ventana para
que el sindicato controle un porcentaje de plazas. “Eso es lo que se votará a
favor, y aunque hay cosas valiosas en el dictamen, los lugares serán manejados
por las organizaciones, lo que basta a Acción Nacional para votar en contra”.

La diputada
de Morena, María Chávez Pérez, se pronunció a favor del dictamen, en virtud de
que se reinstalará a los maestros que impunemente fueron cesados. Ahora,
explicó, el Estado se compromete a profesionalizar a los docentes, porque antes
lo hacían con sus propios recursos. Expresó que “los docentes no se han negado
a la evaluación, pero lo que se hacía se trataba de un acto punitivo”.

Verónica
María Sobrado Rodríguez, diputada del PAN, se manifestó a favor de la
educación, pero en contra de una reforma clientelar, ya que la enseñanza es
motor de crecimiento y movilidad social. “No podemos aprobar esta reforma que
no ha cumplido con el procedimiento, las leyes y reglamentos; no queremos más
plazas a cambio de favores; estamos a favor de una educación de calidad”.

Previamente,
se desechó una moción suspensiva del diputado Marcos Aguilar Vega (PAN), para
detener la discusión y devolver el dictamen a comisiones, a fin de reponer el
proceso legislativo. “Las y los diputados de Acción Nacional no podemos validar
un procedimiento viciado: no vamos a ser comparsas de nadie ni vamos a
participar en urgencias; no avalamos una reforma que surge de improvisaciones.
Las y los niños, así como las y los maestros merecen algo mejor y con el mayor
consenso”.

Discusión
en lo particular

En lo
particular, el Pleno aceptó modificaciones al artículo Décimo Quinto
Transitorio, presentadas por la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez (PRI),
relativo al fondo federal especial que ahí se menciona, para asegurar a largo
plazo los recursos económicos “necesarios que garanticen la obligatoriedad de
los servicios de educación superior”.

“No se
trata de que estados y municipios dejen de invertir en educación, sino de que
el gobierno federal absorba los costos adicionales de esta reforma sin que esto
afecte las finanzas de los demás órdenes de gobierno”, enfatizó Sánchez
Martínez.

Emitieron
sus comentarios a favor de esta propuesta los diputados Juan Pablo Sánchez
Rodríguez (Morena), Óscar Bautista Villegas (PVEM) y Enrique Ochoa Reza (PRI).
En tanto que el diputado Alfonso Robledo Leal (PAN) se manifestó en contra.

Los
artículos reservados para lo particular fueron el 3º párrafo tercero; sexto;
octavo; décimo; décimo primero; décimo segundo, y las fracciones segunda,
novena y décima, así como los transitorios Décimo Primero, Décimo Cuarto y
Décimo Sexto, quedando en términos del dictamen.

En votación
económica, el Pleno autorizó que el Senado de la Republica remita a las
legislaturas de los estados y de la Ciudad de México el decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y
73 de la Constitución Política, en materia educativa, sólo con lo aprobado por
ambas cámaras.

A
continuación, la Mesa Directiva informó que participará por escrito al
Ejecutivo federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de
Senadores y a la Comisión Permanente, que ha declarado formalmente terminados
sus trabajos correspondientes al Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

Posteriormente,
la asamblea avaló que el acta de la sesión se dé por leída y que se distribuya
a los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación. Enseguida se levantó
la sesión.|