La Audiencia Nacional ha decidido enviar a Barcelona el
juicio contra el futbolista brasileño Neymar y sus padres por supuestos delitos
de corrupción y estafa en el traspaso del jugador en 2013 por el Barça, al
entender que las conductas de su contratación irregular se produjeron en esa
ciudad.

La sección segunda de la Sala de lo Penal ha decidido
estimar la declinatoria de jurisdicción pedida por Neymar y sus padres y enviar
la causa a la Audiencia Provincial de Barcelona, donde “se desplegaron las
estrategias y conductas criminales engañosas” para contratar al jugador de
manera irregular.

A esta petición de cambio de jurisdicción se adhirieron los
demás acusados en la causa, conocida como el caso “Neymar 2”: el presidente del
Barcelona, Josep María Bartomeu; su antecesor Sandro Rosell; el propio club
catalán; el Santos -equipo brasileño del que provenía Neymar cuando fue fichado
por el Barça- y N&N, la empresa de la familia del jugador.

La sala ha tomado esta decisión en contra del criterio de la
Fiscalía y ocurre así lo mismo que con la primera causa abierta en la Audiencia
Nacional por el traspaso del jugador, el denominado caso “Neymar 1”, que
culminó en un acuerdo en la Audiencia de Barcelona por el que el Barça pagó 5.5
millones de euros por dos delitos fiscales eximiendo a Rosell y Bartomeu.

Esta nueva causa fue abierta a raíz de una denuncia del
fondo de inversiones DIS, que tenía un 40 por ciento de los derechos
federativos del delantero y se sintió estafado al no haber cobrado todo lo que
debía por el traspaso.

La Fiscalía pide 2 años de prisión y diez millones de euros
de multa para Neymar, actualmente jugador del PSG francés, y 5 años de cárcel
para Sandro Rosell, recientemente absuelto de blanqueo de comisiones
supuestamente recibidas por el expresidente de la Confederación Brasileña de
Fútbol Ricardo Teixeira.

También solicita 2 años de prisión para el padre de Neymar y
1 para su madre, ambos como presuntos autores de delitos de corrupción en los
negocios, el mismo que le imputa al hijo. A Bartomeu solo le acusa DIS, que
pide una pena de 5 años de cárcel.

“Los hechos con relevancia penal fueron cometidos en
Barcelona” y “a instancias del Fútbol Club Barcelona”, concluye ahora la sala,
que atribuye a Rosell, entonces presidente del equipo, “una intervención
relevante en toda la secuencia de los hechos”.

Recuerda el tribunal que fue en la ciudad catalana donde se
firmó con Neymar en 2011 un contrato falso de préstamo para asegurar su fichaje
y donde luego, en 2013, Rosell y Bartomeu decidieron adelantar su contratación
a ese año “sin contar con la autorización de la junta directiva” del Barça.

Los pagos de esos contratos fraudulentos se hicieron además
desde Barcelona a Brasil. Por ello, dice la sala, fue en la ciudad catalana
“donde se desplegaron las estrategias y conductas criminales engañosas”, donde
“se produjeron los desplazamientos patrimoniales” y “donde se tomaron las
decisiones encaminadas a tal fin y donde se produjeron los efectos delictivos”.

El Barcelona primero dijo que el fichaje del brasileño costó
40 millones para después aumentar esta cantidad a 57 millones, si bien la
Fiscalía cree que a esa cantidad hay que sumarle lo pagado en los contratos
fraudulentos, lo que superaría los 70 millones que el club tiene como tope en
su política de fichajes, ya que ascendería a 83.

El tribunal aplica así el artículo 14 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y su regla general de que el juzgado o tribunal
competente es el del lugar donde se cometieron los hechos.

Rechaza los argumentos de las acusaciones de este caso, que
alegaron que la competencia es de la Audiencia Nacional porque parte de los
hechos se cometieron en Brasil y recordaron también la cantidad de resoluciones
firmes dictadas por la Audiencia Nacional en la causa.

Este fichaje ya se investigó en la Audiencia Nacional en
otro procedimiento, que pasó asimismo a un juzgado de Barcelona y en el que el
club azulgrana y la Fiscalía llegaron a un pacto que exoneraba a Bartomeu y
Rosell.

A cambio, el Barcelona reconoció haber cometido dos delitos
fiscales en el fichaje del internacional en 2011 y 2013 y se comprometió a
pagar una multa de 5,5 millones de euros.