En colaboración con la abogada Andrea Rocha y el senador por
Nuevo León de Movimiento Ciudadano Samuel García, padres de familia de
Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas han presentado ya amparos
ante el Poder Judicial de la Federación para que se mantenga el Seguro Popular
con sus lineamientos de gratuidad en atención, cirugías y medicamentos.

Ayer lunes ya se ganaron los primeros cuatro de 22 casos
presentados ante tribunales de Nuevo León y Coahuila, para que la población
mantenga la atención médica del Seguro Popular, informó el legislador neoleonés.

García detalló que la campaña de amparos, en la que se han
inscrito 22 menores y adultos afectados, se inició en Nuevo León y se está
extendiendo a Puebla, y comenzará a promoverse afuera de los hospitales e
institutos de alta especialización donde se otorgan algunos de los
tratamientos.

“En lo inmediato queremos que se atienda a las personas, ya
luego se promoverán acciones para la posible derogación de la creación del
Instituto de Salud para el Bienestar”, dijo el legislador.

En tanto, Andrea Rocha explicó que se han tramitado más de
30 amparos por parte de los padres de familia afectados debido a la
desaparición del seguro, que fue sustituido por el Insabi.

El nuevo esquema, dijo la litigante, está propiciando
retrasos en la continuidad del servicio de oncología infantil, ya que existe
incertidumbre sobre cómo estos hospitales certificados y de alta especialidad
recibirán su paga por cada menor y adulto atendido.

“Los amparos se están pidiendo de manera urgente para que
los pacientes tengan garantizadas quimioterapias, abasto de medicamentos,
cirugías, trasplantes y demás tratamientos continuos que no se pueden
suspender, sobre todo cuando se trata de cáncer”, precisó.

La abogada denunció desabasto de los medicamentos
vincristina, metotrexato y doxorrubicina, principalmente, cuyas dosis deben
darse en el tiempo indicado y sin alteración alguna.

A su vez, el abogado Mauricio Castillo también comenzó a
tramitar amparos en Nuevo León, bajo el argumento de reclamar el “derecho a la
salud” de los afiliados al Seguro Popular.

“Son pacientes afectados en sus finanzas. Antes, los
hospitales públicos les cubrían los tratamientos, ahora les están cobrando esos
servicios porque nadie está asumiendo la responsabilidad de pagar la atención
de los pacientes, como sucedía con el Seguro Popular”, comentó.

Se trata de tres menores y siete adultos mayores, quienes
ante el juzgado primero de distrito solicitaron la protección de la justicia
para que se les garantice el derecho a la salud consagrado en el artículo cuarto
de la Constitución. Se espera que en una semana se les dé una respuesta.

Desde noviembre pasado, el dirigente nacional del PRD, Ángel
Ávila, presentó amparos para que infantes de Nuevo León y Tamaulipas no se
quedaran sin atención cuando desapareciera el Seguro Popular.