De acuerdo a lo aprobado por el Pleno, en caso que no se cumpliera con la finalidad establecida, la enajenación se entenderá por revocada y sin necesidad de declaración judicial, revertiéndose al patrimonio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Este dictamen es resultado del oficio enviado el pasado 31 de marzo por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien en la exposición de motivos señaló que la Sedena es una dependencia cuya misión es defender la integridad, independencia y la soberanía de la nación, garantizando la seguridad interior, auxiliando a la población civil en casos de necesidades, realizando acciones cívicas y obras sociales que tienden al progreso del país.
Al participar en la discusión y votación de este dictamen, la presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, diputada Rosalinda Galindo Silva, señaló que toda vez que ha sido legalmente recuperado este predio; “producto de los malos manejos, desvío, robo y peculado de los caudales públicos y de la corrupción de una administración pública anterior que no merece repetirse jamás, ya que los delitos graves que causó a la hacienda pública estatal, ofenden y agravian a todas las veracruzanas y veracruzanos”.
Agregó que la Sedena es una de las instituciones más queridas y respetas por el pueblo, ya que es la instancia encargada de la defensa del territorio y de la soberanía nacional, de garantizar la seguridad interior y de instrumentar el Plan DN-III, “por lo que seguramente todas y todos los presentes nos sentimos orgullosos de todos los integrantes de las fuerzas armadas mexicanas”, añadió.
Indicó que la población de Veracruz, como la de todos los rincones del país, ha sido objeto de innumerables desastres naturales, en los cuales siempre se ha contado con el apoyo institucional, incondicional e invaluable de los soldados mexicanos, “en las recurrentes inundaciones, incendios y temblores, pero también en las fugas y explosiones petroleras, de gas y químicas, algunas veces graves y trágicas”.
Por otra parte, a propuesta de la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, el Pleno aprobó a los ayuntamientos de Chinampa de Gorostiza y al de Zaragoza la donación de terrenos, pertenecientes al fundo legal, para que sean destinados a un centro de salud y de una escuela primaria, respectivamente.
Con el objeto de regularizar el estatus legal de diversos terrenos que actualmente ya tienen en posesión diversas personas, el Congreso del Estado aprobó los dictámenes por el cual se autoriza a los ayuntamientos de Isla y Saltabarranca la enajenación onerosa de lotes de terrenos a favor de 139 y 12 personas, respectivamente.