Asimismo, hizo un llamado para su restitución, o bien para que el IFT imponga las sanciones por incumplimiento de obligaciones a los concesionarios involucrados en la falla del servicio de telecomunicación.
Al respecto, el legislador señaló que ciudadanos de la zona Huatusco han indicado que desde 2020, el servicio de telefonía e internet ha sido deficiente, reflejándose en frecuentes cortes y fallas, las cuales puedes prolongarse hasta dos días para reestablecerse.
En este sentido, continuó, la Profeco, junto con el IFT, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, expidieron la “Carta de Derechos Mínimos de los Usuarios de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones”, la cual protege a los usuarios de estos servicios.
De tal forma que en su Capítulo V, Derecho a la Calidad en el Servicio y en el Equipo Terminal, se detalla el derecho del usuario a exigir calidad en el servicio, obligando al proveedor cumplir con lo pactado en el contrato o publicidad en términos de calidad en el servicio.
Expresó que el documento también contempla que “si el servicio no es prestado conforme a la calidad y condiciones convenidas en el contrato, o por fallas o cargos indebidos por causas imputables al proveedor, se deberá bonificar al menos el 20 por ciento del monto del periodo de afectación y del precio del servicio, sin la necesidad de presentar una reclamación y sin perjuicio de ejercer las acciones legales respectivas para reclamar dicha indemnización”.
Por su parte, dijo, que corresponde a la Profeco promover, proteger, asesorar, defender, conciliar, y representar a los usuarios y consumidores, frente a los concesionarios o autorizados de servicios de telecomunicaciones, siendo informado por el IFT, del monitoreo en cuanto a la calidad del servicio de los prestadores o concesionarios.
“El Instituto y la Profeco intercambiarán información relacionada con las quejas de los usuarios, el comportamiento comercial de los concesionarios, la verificación del cumplimiento de sus obligaciones, así como las sanciones que impongan a fin de que determinen proceder en el ámbito de su competencia”, enfatizó.
Finalmente, indicó que el acceso a la información constituye una herramienta esencial en cualquier democracia, por lo que el Estado debe garantizar el derecho de las personas para acceder a la información pública, buscar, obtener y difundir libremente la información en cualquiera de sus manifestaciones.