Por más de cuatro horas, el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador guardó silencio mientras se desarrollaba en la ciudad de Culiacán,
Sinaloa, una de las peores crisis de seguridad de los últimos años en México.
Y no era para menos el silencio. En los hechos, ante una
clara incapacidad para ya no digamos repeler, sino siquiera enfrentar la
capacidad de fuego de los sicarios del cártel de Sinaloa, las autoridades
claudicaron ante los criminales, en lo que será recordado como el día que el
narco humilló al Estado mexicano.
La versión oficial –tras horas de especulaciones y
desinformación alentada por la negligente omisión gubernamental- es que durante
un “patrullaje de rutina” de elementos de la Guardia Nacional en la ciudad de
Culiacán, éstos fueron agredidos desde una vivienda, en donde los uniformados
encontraron y detuvieron a cuatro personas, entre las cuales se encontraba
Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín
“El Chapo” Guzmán Loera, sentenciado a cadena perpetua en los Estados Unidos.
La detención del hijo del capo provocó una situación de
terror: Culiacán se convirtió en zona de guerra. Balaceras con armas largas del
más alto calibre, vehículos incendiados, reos liberados de un reclusorio y
sicarios armados hasta los dientes recorriendo las calles fueron la respuesta
del crimen organizado, que por las bandas de radio amenazaban con ocasionar una
matanza si no les entregaban a Ovidio Guzmán.
Y sucedió lo increíble.
Por la noche de ayer jueves, el secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, salió a leer un comunicado que en primera
instancia sonaba a estar mal redactado por confuso, pero que después evidenció
ser una aceptación tácita de la derrota del Estado ante los delincuentes: “con
el propósito de salvaguardar el bien superior de la integridad y tranquilidad
de la sociedad culiacanense, los funcionarios del gabinete de seguridad
acordamos suspender dichas acciones”.
La críptica declaración sería aclarada poco después: el
Gobierno de México decidió soltar a Ovidio Guzmán López para detener la
escalada de violencia a la que las fuerzas del orden del Estado fueron
incapaces de siquiera hacer frente. La autoridad abdicó de su responsabilidad y
obligación de aplicar la ley y de garantizar la seguridad e integridad de la
ciudadanía.
De manera vergonzosa, cobarde incluso, el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador se puso de rodillas ante la delincuencia organizada a
causa de una nula, torpe, fallida y demagógica estrategia de seguridad, cuyas
consecuencias sientan un precedente terrible, ominoso, que pone en peligro la
viabilidad del Estado mismo.
Porque si esta vez el gobierno se dejó chantajear por los
delincuentes, ¿qué nos asegura que no lo haga siempre, que esconda la cabeza en
la tierra cada vez que los criminales quieran algo y para ello hagan uso de la
violencia?
Esto ocurre además en la misma semana que en Michoacán
fueron asesinados a mansalva 13 policías y en Guerrero se sospecha de la
ejecución extrajudicial de 14 presuntos sicarios. Una oleada de horror que hace
añicos el discurso oficial del autodenominado gobierno de la “cuarta
transformación” sobre el “fin de la guerra contra el narcotráfico”.
Esa guerra no solo no ha terminado. Con lo sucedido ayer jueves, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador estaría entregando la plaza.
Se doblegó ante los criminales. Son tiempos oscuros.
