La Sexagésima Quinta Legislatura del Estado declaró,
como medida preventiva, la suspensión provisional del Ayuntamiento de Mixtla de
Altamirano, por la presunta pérdida del orden y paz pública del municipio y se
acordó la instalación de un Concejo Municipal.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 4, 33,
fracciones IX y X, inciso a), de la Constitución de Veracruz; 128 y 130,
fracciones I y III, 132, 147, 148, 169 y demás aplicables de la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado de Veracruz.
Este Dictamen, puesto a consideración del Pleno por
la Comisión Permanente Instructora, integrada por los diputados Rubén Ríos
Uribe, Jessica Ramírez Cisneros y Enrique Cambranis Torres, presidente,
secretaria y vocal, registró 39 votos a favor y siete en contra, sin
abstenciones.
El Decreto señala que, de conformidad con el
artículo 147 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se designa un Concejo
Municipal que fungirá en tanto se resuelve en definitiva el procedimiento sobre
la desaparición del Ayuntamiento.
El Concejo Municipal quedó integrado por las
ciudadanas y ciudadanos: Crispín Hernández Sánchez, presidente; Socorro Alba
Sandoval Cuevas, vocal primera; y Xicotencatl Atlahua Temoxtle, vocal segundo.
Así como Lorenzo Tlehuactle Zopiyactle, Senorina Orea Méndez y Ángel Amador
Cano, como suplentes, respectivamente.
Asimismo, a través del artículo tercero del Decreto
se aprueba el inicio del procedimiento de desaparición del Ayuntamiento de
Mixtla de Altamirano, por actualizarse presuntivamente las causas graves
previstas en el artículo 130, fracciones I y III, de la Ley Orgánica del
Municipio Libre. Por tanto, la Comisión Instructora deberá realizar las
diligencias que estime procedentes para el dictado de una resolución
definitiva.
En el
artículo cuarto se establece que este Decreto será comunicado a quien en derecho
corresponda, al Gobernador del Estado y al presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, además de publicarse en la Gaceta Oficial del Estado.
De igual
forma se indica que el presente Decreto entrará en vigor el día que sea
publicado en la Gaceta Oficial del Estado.
El documento refiere las conclusiones de la Comisión
Instructora, entre los que destacan que: los hechos de violencia relatados por
el titular del Ejecutivo Estatal, sin entrar al fondo del asunto, se encuentran
acreditados con las probanzas aportadas por las partes, de las que se desprende
la inexistencia de diversos factores de inseguridad, inestabilidad social,
inexistencia de condiciones de seguridad y paz pública, vacío de autoridad y
violencia política y de género.
En la etapa de posicionamientos y a nombre del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Judith Pineda
Andrade dijo que más allá de las circunstancias particulares de cada uno de los
ediles, están frente a un tema de legalidad, “este es el lugar en donde se
hacen las leyes y lo mínimo que podemos exigirnos como legisladores es
apegarnos a lo que señalan las disposiciones jurídicas, es completamente
contrario a nuestra investidura tomar una decisión política dándole la vuelta a
la ley”, añadió.
Por el Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de
la Historia”, la diputada Florencia Martínez Rivera subrayó que constataron el
adecuado seguimiento de los procedimientos marcados en la ley, entre ellos el
derecho de audiencia, toda vez que acudieron el pasado 28 de junio los ediles
de Mixtla de Altamirano a la audiencia de pruebas y alegatos, ante la Comisión
Instructora.
Aseguró que con esta medida se manda un claro y
contundente mensaje a no consentir las malas prácticas, ya que en el Congreso
están en contra de la indebida utilización de los recursos públicos, “no
tenemos duda que esto inhibirá estas prácticas en el resto de los ayuntamientos
de la entidad”.
“Nos comprometemos a designar a los mejores hombres
y mujeres para que se hagan cargo de los recursos públicos, con transparencia,
honradez y rendición de cuentas”, manifestó.
En la discusión en lo general participaron las
diputadas Ivonne Trujillo Ortiz, Jessica Ramírez Cisneros y Judith Pineda
Andrade, así como los legisladores Omar Guillermo Miranda Romero y Amado Jesús
Cruz Malpica.
