La diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó la iniciativa ante el Congreso de la Unión que busca modificar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y que tiene como propósito establecer un límite superior a las tarifas correspondientes a la explotación de los caminos y puentes federales; el pago preferente para las personas que habitan en los Municipios que estén aledaños a una caseta de cobro y aumentar las sanciones pecuniarias para los concesionarios que no respeten las tarifas fijadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En su intervención durante la segunda sesión ordinaria, del segundo periodo, la legisladora explicó que el límite a que se hace referencia consiste en el hecho de que tratándose de concesiones para la explotación de caminos y puentes por concepto de peaje, las tarifas por cada 10 kilómetros de tramo no pueden rebasar el 50 por ciento del costo del litro de gasolina magna.

“Si bien los mexicanos pagamos una de las gasolinas más caras, no tenemos por qué pagar al mismo tiempo, las tarifas de peaje más elevadas del mundo”, enfatizó.

De igual forma dijo que con esta propuesta legislativa se prevé un trato preferencial a los residentes de las localidades colindantes con las casetas de cobro y que utilizan esos tramos carreteros. Esto mediante un descuento a las familias que tienen la necesidad de transitar por estas vías de comunicación y que a su vez beneficiará también a las casetas con más afluencia vehicular.

La iniciativa incluye una modificación al artículo 20 a la Ley de Vías Generales de Comunicación para referir que tratándose de las concesiones para la explotación de caminos y puentes por concepto de peaje, se estará a lo dispuesto en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Como representantes legítimos de la sociedad –agregó la legisladora Trujillo Ortiz- debemos atender tenazmente a la opinión pública, “una de las demandas más reiteradas por los ciudadanos es el malestar que producen las casetas de cobro”.

La iniciativa, de la integrante del Grupo Legislativo de los partidos Movimiento Ciudadano-De la Revolución Democrática, fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen correspondiente.