El presidente de la instancia legislativa, diputado Ricardo
Francisco Exsome Zapata, durante la reunión con funcionarios de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT), propuso “no pensar en colores
partidistas al tomar las decisiones, sino privilegiar la construcción de
infraestructura del país. Dar el apoyo a los puertos es muy importante y
necesario”.

Destacó la relevancia de que la SCT se vincule con el
trabajo que realizan las comisiones de Infraestructura y de Comunicaciones y
Transportes, con el propósito de coadyuvar en la definición de proyectos para
involucrar a los diversos sectores empresariales y trabajar conjuntamente.

Se pronunció por priorizar la generación de empleo a través
del desarrollo de los puertos del país, con apoyos efectivos a los municipios,
cuyos ingresos provienen, en alto porcentaje, de las actividades portuarias.
Resaltó la transcendencia del cabotaje para respaldar al sector portuario.

Por el PES, la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala,
propuso realizar auditorías mediante un sistema de fiscalización permanente en
las Administraciones Portuarias Integrales (APIs), tanto federales como
estatales, debido a que manejan montos financieros que “de repente se va de las
manos y no se sabe en dónde quedó”. Pidió meter orden a esas asociaciones para
definir cómo se reparten los recursos.

Por el PT, Armando Reyes Ledesma expuso su preocupación por
el abandono y nula inversión en los puertos del país. Se pronunció en favor de
que las APIs apoyen a los ayuntamientos en la construcción de infraestructura.
Urgió a la SCT atender la flota atunera de Ensenada, Baja California, que
enfrenta falta de rentabilidad al recuperar la mitad o menos de su inversión.

La legisladora Yolanda Guerrero Barrera (Morena) propuso que
los recursos para promover los puertos los maneje la federación a través de la
SCT en forma equitativa, a fin de garantizar el desarrollo de estos polos
económicos. Sostuvo que sería “error garrafal” destinar los excedentes de las
APIs a los ayuntamientos. Pidió analizar esta opción de forma integral.

De la misma bancada, el diputado Alejandro Carvajal Hidalgo
consideró que es muy bajo 25 por ciento de los recursos de las APIs en los
proyectos estratégicos de inversión en los puertos. Expresó su preocupación por
la disparidad en la inversión a los municipios, porque no existen nuevas obras
de infraestructura.

También de Morena, Samuel Herrera Chávez subrayó que es
prioritario modernizar y fortalecer la marina mercante a través de las
carreteras marítimas. Consideró que las APIs se crearon con una tendencia
privatizadora.

La diputada Juana Carrillo Luna (Morena) afirmó que el PND
presenta un proyecto integral para el desarrollo de los puertos y marina
mercante que no había en muchos años. Pidió dar un voto de confianza a la SCT
para impulsar las obras. Solicitó hacer auditorías a las APIs a fin de conocer
el manejo de recursos y su funcionamiento para detectar actos de corrupción y
sanearlas, de ser el caso.

Igualmente de Morena, Edgar Eduardo Arenas Madrigal pidió
fiscalizar los recursos de las APIs y etiquetarlos de forma transparente para
utilizarlos, además de que sean normados y ejercidos por la federación.

La diputada Rosalinda Domínguez Flores (Morena) propuso
trabajar en una estrategia nacional que aliente el desarrollo regional
equilibrado, sin mediar intereses partidarios. Resaltó la importancia de
privilegiar la inversión en puertos como el de Salina Cruz, Oaxaca, y de Coatzacoalcos,
Veracruz, cuyo potencial no se ha aprovechado por la falta de instalaciones
adecuadas para atender a los barcos. Lamentó el abandono en que se encuentra el
sector frenando la generación de empleo y desarrollo económico.

Por el PT, Francisco Javier Huacus Esquivel demandó
transparencia en el uso de recursos financieros de las APIs, mediante la SCT en
los municipios de forma responsable. Por ello, propuso que la Cámara de
Diputados ejerza su facultad de fiscalizar el ejercicio presupuestal para
resolver de fondo los problemas.

El diputado de Morena, Francisco Javier Borrego Adame,
exhortó a las autoridades portuarias a cumplir las normas de funcionamiento
establecidas por la SCT, y evitar que el transporte público federal cargue
exceso de peso, porque eso provoca el deterioro de las carreteras.

De la misma bancada, Heriberto Marcelo Aguilar Castillo
apoyó la búsqueda de alternativas de inversión que desarrollen la red portuaria
y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las ciudades cercanas. Solicitó
conocer el tiempo previsto para que los proyectos obtengan resultados.

Asimismo, la diputada de Morena, Claudia Valeria Yáñez
Centeno y Cabrera, propuso privilegiar que las actividades portuarias se
relacionen de forma armónica con las ciudades, a fin de propiciar el desarrollo
integral, con la participación de pescadores, agentes aduanales, empresarios,
fundaciones y gobiernos estatal y municipal. Con ello, respaldar el turismo en
puertos como Manzanillo, Colima, sin atropellar los derechos humanos de las
comunidades.

Por el PRD, José Guadalupe Aguilera Rojas convocó a que, al
margen de posturas partidistas, se colabore en un marco de respeto hacia las
comunidades y se definan acciones que las beneficien. Reconoció el esfuerzo por
alentar la inversión en el sector portuario.

En respuesta a los preguntas de los diputados de las
comisiones de Infraestructura y la de Comunicaciones y Transportes, el
coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la SCT, Héctor López
Gutiérrez, informó que se realizan los programas maestros de los proyectos para
definir el tiempo y forma transparente de la asignación de los recursos
mediante un planteamiento operativo anual, cuya vigencia se estima en cinco
años, con ajustes conforme avance.

El funcionario federal comentó sobre la disponibilidad de recursos,
que el 80 por ciento de la inversión en el sector es de origen privado, a
través de contratos de cesión parcial de derechos.

Refirió que las APIs se crearon como concesionarias del
gobierno federal y quedaron obligadas a pagar una contraprestación por obtener
beneficios de bienes públicos, como los puertos, y ceder parcialmente sus
derechos para invitar a empresas que construyeran nuevas instalaciones y
ofrecieran servicios.

Esa certeza jurídica propició que existan 684 compañías,
cuyas ganancias se inviertan en las regiones. Apuntó que las APIs no tienen un
sentido privatizador.

Aseguró que los nombramientos de los directivos de las APIs
fue previa revisión de sus antecedentes con información de la Secretaría de la
Función Pública y de la Fiscalía General de la República.

Sobre la distribución y cantidad de mercancías en el mercado
nacional, indicó que se busca optimizarla para evitar costos adicionales a la
economía de los consumidores. Por ello, se privilegia el uso de vehículos más
grandes para eficientizar el manejo en los puertos. En ese contexto, consideró
que la Ley de Puertos requiere una adecuación.

Luis Iván Gallardo Álvarez, director general de Fomento
Portuario de la SCT, explicó que la Dirección General de Programación y
Presupuesto de la dependencia federal aprueba las inversiones y la Auditoría
Superior de la Federación revisa las cuentas de las APIs. Están vigiladas por
todos lados. Efectivamente hay que cerrar algunos candados que se dieron en el
pasado. Todos los casos que se encuentren y merezcan investigar se hará”.

Anunció que para el próximo periodo ordinario de sesiones la
SCT presentará a la Cámara de Diputados la iniciativa de la Ley de Fomento a la
Marina Mercante, para identificar de forma integral el esquema de desarrollo y
generación de empleos en los puertos. La propuesta se vincula a incentivos
fiscales a fin de dar certidumbre, porque el cabotaje requiere largo plazo para
consolidarse.