Actualmente la sociedad veracruzana se está
enfrentando a nuevas modalidades de extorsión, mismas que no se encuentran tipificadas
en el Código Penal lo que implica que la autoridad competente no cuente con
suficientes recursos legales para sancionar esta conducta, afirmó la diputada
Mónica Robles Barajas, integrante del Grupo Legislativo de MORENA, al dar
lectura a su Iniciativa de Decreto de reforma al artículo 220 del Código Penal
para el Estado.
Ante el Pleno de la LXV Legislatura, señaló que la
extorsión es uno de los delitos de mayor impacto social y que más se ha incrementado
en los últimos años y el que, de acuerdo con los Reportes de Incidencia
Delictiva del Fuero Común, realizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, se puede observar que la incidencia del delito
de extorsión, entre los años 2015 y 2018 ha crecido cerca del 20 por ciento, en
el ámbito nacional, y en Veracruz ha tenido, en ese mismo periodo, un incremento
de más del 400 por ciento, en las denuncias por este ilícito.
Aunque los datos antes enunciados son preocupantes, señaló
Robles Barajas, sólo reflejan parte de esta problemática, dado que la cifra
negra en los casos de extorsión es muy alta, esto según la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI donde la extorsión
presenta la segunda cifra más alta de delitos no denunciados con un porcentaje
del 98.2 por ciento lo que supera en cinco puntos a la media nacional en todos
los delitos que es del 93.2 por ciento.
La extorsión en nuestro estado, apuntó la
legisladora de Morena, se ha convertido enun fenómeno sumamente complejo,
debido a la diversidad de los sujetos activos que cometen esta conducta
delictuosa.
Como autores intelectuales –agregó- pueden estar
grupos de la delincuencia organizada, autoridades de cualquier orden de
gobierno, indiciados que se encuentran recluidos en centros de readaptación social
y como autores materiales, cualquier persona que ejerza algún tipo de violencia
para obtener dinero u otro beneficio.
El delito de extorsión es uno de los delitos de mayor
impacto social y que más se ha incrementado en los últimos años, destacó la
diputada Mónica Robles, por lo que propone la reforma al artículo 220 del
Código Penal estatal, para que se tipifiquen las nuevas modalidades de este
delito, y se incrementen las penas para quienes lo realicen, en especial cuando
el delito se realice por servidor público o miembro o ex miembro de alguna
corporación de seguridad pública o privada.
Si el sujeto activo por extorsión telefónica o por
cualquiermedio electrónico fuere interno procesado o sentenciado, además de las
penas previstas, se le aumentará de una tercera parte de los mínimos a una
tercera parte de los máximos de las sanciones y no se le concederá beneficio
preliberacional alguno.
Además de las penas señaladas, se impondrá de dos a
seis años de prisión, cuando en la comisión del delito intervenga una o
más personas armadas, o portando instrumentos peligrosos y cuando se emplee violencia
física.
Así como cuando sea empleado cualquier mecanismo o
amenaza, para hacer creer a la víctima, la supuesta intervención en el delito
de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada o asociación delictuosa
sin ser ello cierto, aún y cuando ello sea solo para lograr que la víctima no
denuncie el hecho.
Esta iniciativa de Decreto fue turnada a la Comisión
Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
