Para resolver la problemática, en relación al pago de laudos laborales en la entidad, la Diputación Permanente dio entrada a la iniciativa del diputado Carlos Antonio Morales Guevara que reforma el artículo 320 del Código Penal para establecer que se impondrán de tres a diez años de prisión, y multa de hasta 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quien impida el cumplimiento de una ley, decreto, reglamento o resolución judicial o administrativa o el cobro de una contribución fiscal o utilice el auxilio de la fuerza pública para tal objeto. La iniciativa señala que existe un grave problema por el incumplimiento del pago de laudos laborales y para tal caso cita el Informe General de la Fiscalización Superior de los Entes Municipales, como parte de la Cuenta Pública 2017, advierte un importe de 470 millones 534 mil 900 pesos por concepto de pasivos derivados de laudos laborales, correspondientes a 53 Ayuntamientos y seis entidades paramunicipales. En 2016, de acuerdo a la Magistrada del Poder Judicial del Estado, Concepción Flores Saviaga, el pago pendiente por laudos laborales en la mayoría de los Ayuntamientos del Estado, ascendía a más de 2 mil millones de pesos. En tal razón esta iniciativa pretende inhibir el comportamiento que evidencia irresponsabilidad e insensibilidad, por parte de algunas autoridades municipales cuando son notificadas de un laudo que tienen que acatar en sus términos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), este año ordenó separar de sus cargos a los Presidentes Municipales de Coacalco, en el Estado de México y de Tlacotepec, en Puebla, y a los síndicos y regidores que integran sus Cabildos, derivado de su negativa por cumplir con dos sentencias de amparo.
-Solicitan conocer el pasivo laboral del Estado-
En la misma sesión, el diputado Carlos Antonio Morales presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo a que informe a esta Soberanía -en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo- sobre la situación que guarda el pasivo laboral en el Estado, en relación al monto al que ascienden los laudos laborales a los que fue condenado el Gobierno estatal por despedidos injustificados hasta este año. También sobre el número de sentencias del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje a las que el Poder Ejecutivo ha dado cumplimiento y el número de Ayuntamientos que fueron condenados en los laudos y en los que se vinculó al Ejecutivo del Estado.
Del mismo modo, la calendarización en los plazos para dar por cumplidas las sentencias en las que se condenó al Gobierno del Estado y las acciones emprendidas para resolver la problemática y realizar los pagos a los que fue condenado por laudos. En su intervención, el legislador dijo que no debe olvidarse que los adeudos y los montos reclamados en los laudos no son a una persona en particular, sino a una institución.
