Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen de Decreto que reforma el artículo 4 de la Constitución Política del Estado para indicar que las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos, siempre y cuando, no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos.

En los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido.

Además indica que el Estado organizará el servicio de defensoría pública, que deberá contar con calidad y profesionalismo, especialmente en la defensa de los justiciables pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.

Este Decreto fue aprobado con 37 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

De esta manera se establece la obligación del Estado de actuar como ente mediador y pacificador de conflictos suscitados entre particulares, entre otros, a través de tribunales que garanticen el acceso a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial, con el fin de lograr una sana convivencia social, en un marco de legalidad e igualdad y respetando los derechos fundamentales de las personas.

Por ello, resulta indispensable establecer una misma base regulatoria que fije los elementos necesarios para fortalecer, unificar y agilizar este tipo de justicia en todo el país, y darle a las personas una mayor seguridad y certidumbre jurídica en los procedimientos del orden civil y familiar.

El legislador José Luís Enríquez Ambell refirió que esta medida es el primer paso para otras normas que vendrán a otorgar certidumbre jurídica a los actos de autoridad.